La grave sequía que sufre el continente europeo está haciendo emerger valiosos y sorprendentes vestigios del pasado. Desde restos de equipamiento militar nazi hasta monumentos prehistóricos, pasando por puentes, iglesias, campanarios y hasta pueblos enteros.
La bajada de las aguas en el último año, y especialmente en un verano particularmente seco, está dejando a la vista de todos un pasado sumergido. Este espectáculo está alcanzando su cénit en España, un país especialmente azotado por la sequía, a pesar de que tiene tradición en la lucha contra este problema.
El país con más pantanos de la Unión Europea –y el quinto del mundo– contempla como sus embalses se vacían y las estructuras que se revelan están siendo lugares de tránsito y peregrinaje de turistas y curiosos que no se quieren perder un cuadro tan infrecuente.
Después de la gran sequía que sufrió España en los años 1944 y 1946, el régimen del dictador Francisco Franco se puso manos a la obra en la construcción de embalses y pantanos. Una fiebre que tuvo uno de sus puntos álgidos en la década de los años 60 del siglo pasado y duró hasta los estertores del régimen.
Fue en esos años 60 cuando muchos términos municipales se vieron anegados, sacrificados a las nuevas instalaciones. Así pasó con el embalse de Valdecañas en el río Tajo, que devoró el dolmen de Guadalperal, conocido como el 'Stonehenge español', un monumento megalítico que se estima que data de entre finales del V y el III milenio a.C. En las últimas semanas, ha podido volver a ser contemplado en todo su esplendor desde que fue ocultado por las aguas en 1963.
El que se considera que podría ser el yacimiento neolítico más grande de toda la Península Ibérica fue declarado en mayo, por el Consejo de Ministros, Bien de Interés Cultural (BIC), una figura que otorga el máximo grado de protección de la Ley de Patrimonio Histórico Español.
También son visibles restos más antiguos, como los del campamento militar romano de Acquis Querquennis, que la bajada del nivel de agua en el embalse de As Conchas, en la provincia gallega de Ourense, ha dejado al descubierto.
Hasta el momento, el año hidrológico 2021-2022 se configura como el tercero más seco de lo que va de siglo y el cuarto de toda la serie histórica desde que hay registros, según los datos que recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tan solo por detrás de 1998-1999, 2004-2005 y 2011-2012.
De la misma manera, el año natural 2022 es el tercero más seco registrado, solo superado en este ranking por 2005 y 2012. Además, el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de agosto ha sido el más seco desde al menos 1950.
Este año han confluido la falta de precipitaciones y el calor extremo, con un verano que ha tenido 42 jornadas bajo ola de calor, otro récord climático. La mezcla ha dado lugar a una de las sequías más graves en las últimas décadas, que sufre no solo España, sino todo el continente.
En España las reservas de agua se encuentran bajo mínimos con unos embalses que albergan escasamente el 35 % de su capacidad. En esta misma semana de hace un año llegaban al 41,56 %, mientras que la media de los últimos diez años es del 53 %.
La escasez de agua no proviene solo de la falta de lluvias del último año, sino que la agonía de estos dos grandes espacios naturales se lleva prolongando años, debido a los miles de pozos, una gran mayoría de ellos ilegales, que sustraen el líquido para diversas actividades.
De hecho, según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al menos tres cuartas partes del país están en riesgo de desertificación. Las causas son múltiples, pero una de ellas es la "explotación insostenible de los recursos hídricos subterráneos, contaminación química y salinización de acuíferos", así como la proliferación de la agricultura de regadío.
La situación puede, por lo tanto, agravarse. Por el momento el Gobierno de España ha apostado por las desaladoras, que ya producen el 9 % del agua que consume el país. Así, se cree que la inversión para reforzar una red que ya cuenta con 765 plantas repartidas por todo el territorio costero ascenderá a 300 millones de euros.
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