Patente de corso

Frente a las acciones de barcos corsarios y piratas ingleses, holandeses, franceses, argelinos o turcos, que asolaban el comercio español, durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX el corso español jugó una baza muy importante en la política exterior española. Los corsarios, siempre bajo la "patente de corso" obligatoria para ejercerlo, hicieron la función de flota de guerra "paramilitar" al servicio de la Corona. Y entre los vastos territorios españoles fueron imprescindibles como guardacostas, ya que era materialmente imposible contar con una escuadra de la Real Armada que pudiera proteger tantas millas marinas de costa y rutas marítimas. Y así se beneficiaba el corsario, que obtenía una gran parte del botín, y se beneficiaba a su vez, la Corona de España.

La primera Ordenanza regulando y fomentando la actividad corsaria fue promovida por el rey Felipe IV en 1621. Fué reglamentada en España por las "Ordenazas de la Real Armada" de 1.747 y 1.751 para cristalizar definitivamente en la "Ordenanza de Corso" de 20 de Junio de 1.801. No se permitía el saqueo de la carga de una presa. Esta se llevaba sin tocar a puerto donde un Auditor daba cuenta de lo apresado y del dinero que se obtenía por ello, so pena de ser juzgado o retirada la Patente. 

A pesar de lo poco conocidas de estas historias, pues los propios gobiernos las mantenían en secreto, podríamos recordar algún corsario español como el Alférez de Navío don Agustín de Matute, quien al mando del bergantín "Saeta", surcaba aguas de Yucatán y Veracruz realizando multitud de presas de contrabandistas. O el vasco Vicente Antonio de Icuza y Arbaiza, a quien en  abril de 1765 el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Caracas le concede patente de corso, con categoría de Capitán Comandante. Y otros muchos ejemplos de una amplia lista.

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