El titular de la cartera del interior, Rodrigo Delgado, aseguró que con la publicación del reglamento de la Ley de Migraciones en el Diario Oficial, el Ejecutivo dispondría de herramientas que antes no detentaba para efectos de subsanar el fenómeno migratorio en Chile, recalcando en eso el proceso de reconducción el cual permite a la autoridad apostada en la frontera a detener a quienes hagan ingreso al territorio nacional y regresarlas a su país de origen.
No obstante hay quienes lejos de toda satisfacción han alertado sobre la ineficiencia de este mecanismo, como fue el alcalde de Colchane, Javier García Choque, quien aseveró que la medida no sirve en cuanto las personas ingresan de todas maneras. En tanto, desde la Defensoría de la Niñez han alertado sobre las amenazas que este proceso podría radicar para las infancias. Al respecto, la abogada Patricia Muñoz, aseguró que el organismo tomó conocimiento de que la Dirección Regional de Migraciones de Tarapacá no tiene instrucciones claras respecto de los procesos de reconducción y que la Policía de Investigaciones no tiene parámetros de actuación ante la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.
Abundando en argumentos de ese orden, el nuevo director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, sucesor en el cargo de Ana Piquer, aseguró que el uso indiscriminado y arbitrario de la herramienta de la reconducción puede resultar atentatorio a los derechos humanos de las personas migrantes, “quienes en muchos casos llegan al país en búsqueda de dignidad y dejando atrás situaciones de violencia, de inseguridad, democracias inestables en sus países”.
“Se trata de un mecanismo que puede traer consigo exponer a personas solicitantes de refugio a ser devueltas a sus países de origen lo que contraviene por cierto el principio de no devolución. Por otra parte este proceso de reconducción inmediata puede incluso exponer a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o de tráfico de personas, además de otras clases de abuso especialmente considerando los casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes”, señaló.
Abordando el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, Bustos extendió la aprensión del organismo respecto a la inclinación del actual gobierno chileno, por utilizar este recurso que permitió el despliegue militar en la zona. En ese sentido llamó a la autoridad central a abordar la crisis migratoria y humanitaria con el pleno respecto por los derechos humanos, brindando la debida protección especialmente a los grupos más vulnerables.
Asimismo lamentaron que el gobierno de Sebastián Piñera “reproche a otros países una falta de cooperación con la regulación migratoria cuando él mismo se restó de firmar el pacto mundial para la migración, instrumento internacional que precisamente busca fomentar la colaboración entre países en la materia“. Además, afirmaron que durante estos cuatro años “la migración irregular se ha incrementado exponencialmente, concentrando el 80 por ciento de los ingresos por pasos no habilitados de la última década” y que “pese a la aprobación de la nueva legislación chilena, aún no se cuenta con una política nacional migratoria a largo plazo y garante de DD.HH”.
